Se estaría preparando la división de los activos de Petroperú. ¿De qué se trata realmente?, se pregunta un investigador acucioso en Lima. La hipótesis que circula es clara: una desagregación ordenada de la empresa para su venta por partes. El esquema sería un “remate por lotes”: la refinería de Talara, el Oleoducto Norperuano, la flota de transporte, las estaciones de servicio. Cada activo por separado, como una subasta estructurada de alto valor. De ese modo, ningún inversionista asume el pasivo completo y el Estado podría recuperar recursos sin continuar absorbiendo pérdidas crónicas. No se trata, por supuesto, de una operación inmediata. Es un proceso complejo que puede tomar meses o incluso años: auditorías exhaustivas, valorizaciones independientes, due diligence de potenciales inversionistas, intervención del Congreso, presión política, protestas sindicales y escrutinio público constante. Si el proceso se ejecuta con rigor técnico, el resultado podría ser un país sin Petroperú operando como un lastre fiscal permanente. La incógnita es política y no técnica: si existe la voluntad de llevar el proceso hasta el final o si, como ha ocurrido antes, se quedará inconcluso. Con la presión fiscal creciente y la volatilidad del precio del petróleo, no sería sorprendente que, en lugar de una venta real, se opte por una reingeniería contable de la deuda para postergar el problema y mantener la empresa como un mecanismo de gasto encubierto. La duda de fondo persiste: ¿esta vez se avanzará hacia una desinversión efectiva o se trata, una vez más, de un anuncio sin ejecución real?
