El 25 de septiembre de 2025, Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por un delito de asociación ilícita (conspiración) en relación con la financiación presuntamente ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos del régimen libio de Muammar Gaddafi.
Tras la sentencia, ingresó el 21 de octubre de 2025 en la prisión de La Santé (prison) en París para cumplir, inicialmente, la pena.
Sin embargo, menos de tres semanas después — en torno al 10 de noviembre de 2025 — obtuvo una libertad bajo supervisión judicial (en francés “liberté sous contrôle judiciaire”) mientras su apelación está en trámite.
La figura legal se basa en el artículo 144 del código de procedimiento penal francés: ese artículo dice que —cuando hay un recurso de apelación— “la mise en liberté” (la puesta en libertad provisional) debe ser la regla, y la detención la excepción, salvo que exista riesgo de fuga, de obstaculización de la investigación o de puesta en peligro del orden público.
En la decisión del tribunal se argumentó que no existía un riesgo evidente de que Sarkozy huyera del país, ni de que ocultara pruebas o presionara testigos, lo cual permitió que se sustituyera la detención por la vigilancia judicial, con condiciones como prohibición de salir del territorio, prohibición de contactar a ciertas personas vinculadas al caso, controles periódicos, etc.
El corazón del asunto es pues este: aunque ya había ingresado en prisión, su situación cambió porque legalmente, estando en apelación, la privación de libertad puede ser sustituida por medidas menos gravosas si se cumplen los requisitos. La pena sigue firme en primera instancia, pero la ejecución (es decir, el cumplimiento íntegro en régimen de prisión) puede esperar el resultado del recurso, si el tribunal lo estima pertinente.
Ahora bien, ¿por qué puede volver a prisión? Porque:
Si el tribunal de apelación confirma la condena de primera instancia y las condiciones de vigilancia judicial no son satisfechas, la libertad provisional puede revocarse.
Si incurre en una falta grave de comportamiento (por ejemplo contacto prohibido, salida del país sin autorización, ocultamiento de pruebas, etc.), puede activarse nuevamente la privación de libertad.
Si el tribunal considera que los motivos que permitieron la libertad provisional dejan de existir (por ejemplo incremento del riesgo de fuga, o nueva evidencia que indica obstaculización), la prisión preventiva o cumplimiento puede reanudarse.
En resumen: la libertad anticipada o condicional en este caso no significa que la condena haya sido “cancelada” o que la prisión haya sido eliminada, sino que se está cumpliendo una medida de vigilancia judicial sustitutiva mientras dura el trámite de apelación. La pena principal sigue vigente, y la vuelta al reclusorio sigue siendo una posibilidad concreta si se rompen las condiciones fijadas o si el tribunal así lo decide.
