La detención domiciliaria en Perú es una medida cautelar que impone un juez: el procesado cumple restricción de libertad en su casa (o lugar designado) en vez de ir a prisión preventiva, para garantizar que no huya ni obstaculice el proceso. Ayer, el Ministerio de Justicia aprobó un nuevo protocolo interinstitucional (Decreto Supremo 001-2026-JUS) que estandariza todo con coordinación entre Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público y Minjus. El objetivo es asegurar la custodia efectiva y la presencia física del procesado en el domicilio. La Policía verifica el lugar en máximo setenta y dos horas, pone resguardo permanente o itinerante (según riesgo), con visitas sorpresa, vigilancia remota que genera alertas, y registro de visitas si hay prohibición de comunicación. En emergencias médicas, el policía acompaña y reporta al juez. Si el procesado incumple, lo reportan de inmediato y puede revocarse la medida. Básicamente, hace más estricta y organizada la vigilancia en casa para evitar fugas.